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Siete millones de dominicanos serán convocados a hacer filas para depositar sus datos y adquirir una cédula de identidad y electoral más moderna y segura que la actual. Este 15 de abril, la JCE abrirá los sobres con las propuestas técnicas de las empresas Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Mojica   Creado en Miércoles, 17 Abril 2013 19:57

Siete millones de dominicanos serán convocados a hacer filas para depositar sus datos y adquirir una cédula de identidad y electoral más moderna y segura que la actual. Este 15 de abril, la JCE abrirá los sobres con las propuestas técnicas de las empresas que participan en el concurso y en octubre dará inicio a unos trabajos que pagará a partir de 2014, con base en un presupuesto que desconoce, lo que un miembro de ese organismo califica como ilegal y calcula que podría llegar a los RD$3,500 millones.

Cedulación.

Todos a hacer filas otra vez

Cerca de siete millones de dominicanos, la población adulta de República Dominicana, tendrán que desfilar a partir de octubre por las oficinas del Registro Civil para obtener la nueva cédula de identidad y electoral que sustituirá al carné vigente. La nueva cédula se hará mediante un contrato con el sector privado, que desde sus fases previas ya genera cuestionamientos por supuestos procedimientos ilegales.

El proyecto de la Junta Central Electoral (JCE), que ya llamó a concurso para la adjudicación del contrato a una empresa privada, indica que la entrega de la nueva cédula se iniciará a partir de octubre, con una duración de año y medio, lo que indica que abarcará todo 2014 y el primer trimestre de 2015.

De acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación, con referencia JCE-CL-LPI-01-2013, la ciudadanía deberá presentarse por los puestos que disponga el organismo rector de las elecciones y el registro civil para sustituir su documento actual.

Para justificar el proceso, la JCE alega que el nuevo carné tendrá mayores mecanismos de seguridad y por tanto estará menos expuesto a falsificaciones.

Además de registrar los datos personales, el operario capturará sus fotos, sus huellas dactilares y sus firmas digitales. En otro momento, cuando la institución haya comprobado la fiabilidad de sus datos, los ciudadanos deberán acudir a retirar sus carnés.

La tarjeta actual vencía en 2004. Hasta la fecha, la JCE capturó los datos biométricos de 3.8 millones de personas, pero hay un detalle que podría provocar que la totalidad de la población cedulada (entre 6.8 millones y 7 millones) tenga que agotar el proceso desde el principio. Es decir, incluso aquellos que registraron sus datos biométricos tendrán que retomar el proceso desde cero.

El detalle es que en aquella ocasión se tomaron las huellas de un dedo por cada mano; en cambio, en el pliego de condiciones distribuido a las empresas interesadas en concursar se especifica que “los centros de cedulación serán dotados de lectores de huellas con la siguiente característica: 1) Diseño para la captura de diez impresiones dactilares en calidad forense”.

A juzgar por varios convenios y acuerdos de intención que ha firmado la JCE con otras instituciones del Estado, la idea de las diez huellas dactilares es poner la base de datos al servicio de entidades como el Ministerio Público, la Dirección General de Pasaportes, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos.

Por lo general, la JCE vende la base de datos de su padrón electoral a empresas privadas, lo que podría incluir a los burós de crédito y a la banca comercial.

En marzo de este año, el procurador general Francisco Domínguez Brito anunció que el Ministerio Público utilizará los datos biométricos que ha recopilado el órgano rector del registro civil, y que aprovechará que la base de datos de la nueva cédula captará las diez huellas dactilares. El funcionario se refirió al tema durante una reunión con Roberto Rosario, presidente de la JCE, y José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía.

“Este proyecto ha permitido, a su vez, que la JCE haya podido cooperar con los órganos de investigación del Estado, con un soporte técnico de punta y, con ello, esclarecer la identidad de ciudadanos o casos de desaparecidos o asesinados a los que se les haya querido borrar su identidad”, resaltaba Rosario, sobre la captura de los datos biométricos, en un discurso reciente.

Más seguro. Sobre el entendimiento de que el documento actual ya está desfasado en cuanto a dispositivos y mecanismos antifraude, la JCE ha justificado el cambio sobre la base de incorporar elementos y tecnologías de verificación y control. En el citado documento de la licitación queda establecido que la nueva versión de la cédula incluirá imagen holográfica u holograma, considerada una de las medidas de anti-falsificación más reconocidas; micro impresión, con letras que sólo puedan leerse con aumento o con dispositivos especiales, e impresión de líneas finas y complejos diseños de fondo, difíciles de descifrar y reproducir.

El artículo 1.6 del pliego de condiciones establece que el plástico que suministre la compañía seleccionada deberá tener la calidad para durar como mínimo cinco años, con la especificidad de que la tinta no debe borrarse hasta agotar ese plazo. Sin embargo, el 1.24 establece que “el contrato para la producción será por el período de vigencia de la nueva cédula de identidad y electoral (diez años), por lo que cada oferente propondrá su mejor programa de producción o entrega y la JCE evaluará en función de su máximo interés”.

La Ley 26-01, sobre la cédula, dice que la validez del documento se extenderá por diez años y tendrá como tope para la renovación la fecha de cumpleaños de cada usuario. La JCE no deja claro si en diez años cambiará las características de la cédula o renovará el plástico de cada ciudadano, como ocurre con la licencia de conducir y la libreta del pasaporte.

En el llamado a licitación, la JCE estableció un calendario que termina el 15 de abril de este año, con la apertura de los documentos de acreditación y propuesta técnica. Entonces comienza un proceso de revisiones y rectificaciones que termina con el inicio de las propuestas económicas, el 30 de julio próximo.

La adjudicación del contrato se efectuará, a más tardar, el 20 de agosto de este año. Los trabajos están previstos para comenzar en octubre. A partir de entonces, el proyecto contempla la impresión de unos siete millones de cédulas de identidad y electoral, durante los primeros 18 meses de ejecución, aunque la empresa contratada suministrará equipos y servicios por diez años, tanto para los nuevos cedulados como para los duplicados.

También deberá suministrar 300 impresoras para cédulas, 350 lectores de huellas dactilares, igual cantidad de cámaras fotográficas y capturadores de firmas digitales, todos con sus respectivos programas informáticos y materiales gastables.

Disidencia interna. La determinación de la JCE de echar a andar el cambio de carné ha generado los cuestionamientos de Eddy Olivares, miembro del organismo. También de José Ángel Aquino, tradicional aliado de Roberto Rosario en la mayoría de las iniciativas, posiciones y decisiones que asume, pero que en los últimos tiempos camina por senderos distintos.

Esto implica que el 17 de enero de 2013, cuando discutieron la propuesta de resolución para los términos de referencia para contratar los servicios del proyecto, la votación fue de tres contra dos. Roberto Rosario, César Félix Félix y Rosario Graciano dieron su visto bueno, mientras Olivares y Aquino votaron en contra, el último de ellos, con la emisión de un voto razonado o documento de justificación con respecto a su postura.

Aspectos financieros, logísticos y legales orientan las argumentaciones de Olivares y Aquino.

En lo financiero, descarta Aquino en su voto razonado, que la emisión de siete millones de cédulas vaya a salirle al Estado por RD$400 millones. Documenta que en 2007, un informe técnico de la directora financiera de la JCE, Carmen Comprés, estimaba en RD$1,300 el costo unitario del actual documento, y que de ese dato surgió la decisión de cobrar RD$500 o más a partir del segundo duplicado que solicite un ciudadano. Reconoce que las nuevas tecnologías han ayudado a reducir los costos, pero resalta que el costo proyectado promedio en América Latina es de US$12, unos RD$480.

Especifica que en El Salvador el contrato con la compañía alemana Muhbauer representó 24.9 millones de dólares, unos mil millones de pesos, para una población de 2.8 millones de personas. “Estaríamos hablando de una inversión de tres mil millones de pesos para una población ‘cedulable’ de siete millones de personas; esto, sin tomar en cuenta los cuantiosos gastos de un proceso de este tipo en publicidad, contratación de personal temporero y transporte, entre otros”.

En cuanto a la logística, los disidentes sostienen que un proyecto de esta envergadura debió contar con la anuencia y la cooperación del gobierno central y de los partidos políticos, sobre todo por su capacidad de influencia y disposición de medios para la movilización de tan alta cantidad de personas. Aquino ha advertido sobre la posibilidad de que, llegadas las elecciones de 2016, no toda la población tenga el nuevo documento y se presente la necesidad de autorizar a votar con las dos versiones, con las implicaciones de seguridad y fiabilidad en el proceso que esto contraería.

De hecho, la licitación no incluye en sus condiciones ninguna previsión relativa a la cedulación de la comunidad dominicana que vive en el exterior y que ya lleva tres elecciones presidenciales votando, y que hasta eligió, en 2012, siete representantes ante el Congreso Nacional.

Cuando habla en términos legales, Aquino sostiene que con la adjudicación del contrato la JCE infringirá las leyes de Crédito Público, de Compras y Contrataciones y de Presupuesto del Sector Público. Sostiene que el organismo estaba en la obligación de solicitar la aprobación del Ministerio de Hacienda, porque la modalidad en la que perfila el contrato, a partir de la licitación, consiste en un crédito público.

Entre otros, cita el artículo 4, literal “d”, de la Ley de Crédito Público, que incluye como tal “la ejecución de contratos de bienes, obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipule realizar en más de un ejercicio financiero posterior al que se haya efectuado del devengamiento del gasto”.

Se refiere a que la adjudicación se hará en agosto y el proyecto durará un año y medio, a partir de octubre de 2013, para la fase de dotación de la nueva cédula, pero se extenderá por diez años para servicios de renovación y actualización.

El pliego de condiciones establece: “Se consignarán las partidas correspondientes en los respectivos presupuestos anuales”. Pero Aquino recuerda que el artículo 32 de la Ley de Compras y Contrataciones estipula que “ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota de compromiso”.

Dice además que “las obligaciones que genere la adquisición de los productos y servicios objetos de esta licitación y que sean facturados durante la ejecución del contrato a intervenir, serán cubiertas de manera diferida en el plazo de 10 meses, contados a partir de la recepción”, lo que Aquino interpreta como financiamiento al Estado por parte de la entidad contratada.

Por lo tanto –sostiene en su voto razonado–, se trata de una deuda pública, porque compromete un dinero que no le ha sido adjudicado a la JCE. Un detalle que resalta en esta discusión es que la JCE no logró que el Poder Ejecutivo le asignara fondos este año para el proyecto de la nueva cédula.

En la propuesta de presupuesto que presentó al Ejecutivo para 2013 preveía RD$210 millones para completar el proceso de captación de datos biométricos y RD$500 millones para la sustitución de la cédula.

En su carta disidente, de ocho páginas, Aquino critica además que se ofrezca un contrato a diez años, lo que compromete a posteriores gestiones, debido a que los actuales miembros del organismo están designados hasta 2016.

Estas dos objeciones, antes de que se adjudique el contrato, presagian una larga discusión sobre el tema de la nueva cédula y rememora los tortuosos compromisos de la JCE con empresas como Dato Centro y Somo, para la digitalización del Registro Civil, generadores, incluso, de procesos judiciales y suspensiones de los contratos, sin haber concluido los trabajos con base en un presupuesto que desconoce, lo que un miembro de ese organismo califica como ilegal y calcula que podría llegar a los RD$3,500 millones.

Se desconoce el costo que tendrá el proceso de expedición de la nueva cédula. (Roberto Guzmán).

Se desconoce el costo que tendrá el proceso de expedición de la nueva cédula. (Roberto Guzmán).

La tecnología y los recursos marcan el ritmo

En América Central las nuevas tecnologías y la legislación de cada país van marcando el ritmo para introducir cambios al documento de identidad, aunque la mayoría tiene un plazo de diez años para la renovación del carné, a fin de incorporar las variaciones que experimenta la ciudadanía en sus datos básicos.

En El Salvador, el caso que menciona José Ángel Aquino en su voto razonado, la vigencia de la cédula es de seis años.

Guatemala sustituyó este año su cédula de vecindad, instituida en 1932,  por el nuevo Documento Personal de Identificación.

En Honduras, la vigencia de su cédula es diez años, aunque el plástico no lo especifica. En 2010, el parlamento hondureño suspendió la adjudicación de un contrato para un nuevo documento, moderno y más seguro, por falta de recursos para su implementación.

En Nicaragua hay nueva cédula desde 2010 y tiene diez años de vigencia.

En la vecina Costa Rica, la actual cédula está vigente desde 1998 e incluye medidas de seguridad, como el código de barras. El plazo de renovación para la ciudadanía es de diez años.

Panamá ha introducido cambios en su cédula de identidad y electoral en 1957, 1973, 1978, 1995, 1999, 2003 y 2010. En la actualidad, la ciudadanía debe renovar su carné cada diez años.

Mientras que en Centro América se recurre a los hologramas, códigos de barras, impresión láser y medidas similares de seguridad, en parte de Suramérica experimentan otra ola de actualizaciones.

En septiembre de este año, Chile entregará una nueva cédula de identidad, que incluye un microcircuito o chip, que puede leerse con dispositivos especiales y que contiene los datos biométricos y de información como el tipo de sangre, alergias y otros antecedentes y condiciones de salud. Con esto, el Estado busca además facilitar el comercio electrónico y la interacción de la ciudadanía con el gobierno electrónico. Los que tienen la cédula introducida en 2002 podrán seguir usándola, hasta la fecha de vencimiento que dice su carné.

 
Nueva cédula: Un costo indefinido Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Mojica   Creado en Miércoles, 17 Abril 2013 19:50

Siete millones de dominicanos serán convocados a hacer filas para depositar sus datos y adquirir una cédula de identidad y electoral más moderna y segura que la actual. Este 15 de abril, la JCE abrirá los sobres con las propuestas técnicas de las empresas que participan en el concurso y en octubre dará inicio a unos trabajos que pagará a partir de 2014, con base en un presupuesto que desconoce, lo que un miembro de ese organismo califica como ilegal y calcula que podría llegar a los RD$3,500 millones.Ver PDF

Cedulación.

Todos a hacer filas otra vez

Cerca de siete millones de dominicanos, la población adulta de República Dominicana, tendrán que desfilar a partir de octubre por las oficinas del Registro Civil para obtener la nueva cédula de identidad y electoral que sustituirá al carné vigente. La nueva cédula se hará mediante un contrato con el sector privado, que desde sus fases previas ya genera cuestionamientos por supuestos procedimientos ilegales.

El proyecto de la Junta Central Electoral (JCE), que ya llamó a concurso para la adjudicación del contrato a una empresa privada, indica que la entrega de la nueva cédula se iniciará a partir de octubre, con una duración de año y medio, lo que indica que abarcará todo 2014 y el primer trimestre de 2015.

De acuerdo con el pliego de condiciones de la licitación, con referencia JCE-CL-LPI-01-2013, la ciudadanía deberá presentarse por los puestos que disponga el organismo rector de las elecciones y el registro civil para sustituir su documento actual.

Para justificar el proceso, la JCE alega que el nuevo carné tendrá mayores mecanismos de seguridad y por tanto estará menos expuesto a falsificaciones.

Además de registrar los datos personales, el operario capturará sus fotos, sus huellas dactilares y sus firmas digitales. En otro momento, cuando la institución haya comprobado la fiabilidad de sus datos, los ciudadanos deberán acudir a retirar sus carnés.

La tarjeta actual vencía en 2004. Hasta la fecha, la JCE capturó los datos biométricos de 3.8 millones de personas, pero hay un detalle que podría provocar que la totalidad de la población cedulada (entre 6.8 millones y 7 millones) tenga que agotar el proceso desde el principio. Es decir, incluso aquellos que registraron sus datos biométricos tendrán que retomar el proceso desde cero.

El detalle es que en aquella ocasión se tomaron las huellas de un dedo por cada mano; en cambio, en el pliego de condiciones distribuido a las empresas interesadas en concursar se especifica que “los centros de cedulación serán dotados de lectores de huellas con la siguiente característica: 1) Diseño para la captura de diez impresiones dactilares en calidad forense”.

A juzgar por varios convenios y acuerdos de intención que ha firmado la JCE con otras instituciones del Estado, la idea de las diez huellas dactilares es poner la base de datos al servicio de entidades como el Ministerio Público, la Dirección General de Pasaportes, el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Impuestos Internos.

Por lo general, la JCE vende la base de datos de su padrón electoral a empresas privadas, lo que podría incluir a los burós de crédito y a la banca comercial.

En marzo de este año, el procurador general Francisco Domínguez Brito anunció que el Ministerio Público utilizará los datos biométricos que ha recopilado el órgano rector del registro civil, y que aprovechará que la base de datos de la nueva cédula captará las diez huellas dactilares. El funcionario se refirió al tema durante una reunión con Roberto Rosario, presidente de la JCE, y José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía.

“Este proyecto ha permitido, a su vez, que la JCE haya podido cooperar con los órganos de investigación del Estado, con un soporte técnico de punta y, con ello, esclarecer la identidad de ciudadanos o casos de desaparecidos o asesinados a los que se les haya querido borrar su identidad”, resaltaba Rosario, sobre la captura de los datos biométricos, en un discurso reciente.

Más seguro. Sobre el entendimiento de que el documento actual ya está desfasado en cuanto a dispositivos y mecanismos antifraude, la JCE ha justificado el cambio sobre la base de incorporar elementos y tecnologías de verificación y control. En el citado documento de la licitación queda establecido que la nueva versión de la cédula incluirá imagen holográfica u holograma, considerada una de las medidas de anti-falsificación más reconocidas; micro impresión, con letras que sólo puedan leerse con aumento o con dispositivos especiales, e impresión de líneas finas y complejos diseños de fondo, difíciles de descifrar y reproducir.

El artículo 1.6 del pliego de condiciones establece que el plástico que suministre la compañía seleccionada deberá tener la calidad para durar como mínimo cinco años, con la especificidad de que la tinta no debe borrarse hasta agotar ese plazo. Sin embargo, el 1.24 establece que “el contrato para la producción será por el período de vigencia de la nueva cédula de identidad y electoral (diez años), por lo que cada oferente propondrá su mejor programa de producción o entrega y la JCE evaluará en función de su máximo interés”.

La Ley 26-01, sobre la cédula, dice que la validez del documento se extenderá por diez años y tendrá como tope para la renovación la fecha de cumpleaños de cada usuario. La JCE no deja claro si en diez años cambiará las características de la cédula o renovará el plástico de cada ciudadano, como ocurre con la licencia de conducir y la libreta del pasaporte.

En el llamado a licitación, la JCE estableció un calendario que termina el 15 de abril de este año, con la apertura de los documentos de acreditación y propuesta técnica. Entonces comienza un proceso de revisiones y rectificaciones que termina con el inicio de las propuestas económicas, el 30 de julio próximo.

La adjudicación del contrato se efectuará, a más tardar, el 20 de agosto de este año. Los trabajos están previstos para comenzar en octubre. A partir de entonces, el proyecto contempla la impresión de unos siete millones de cédulas de identidad y electoral, durante los primeros 18 meses de ejecución, aunque la empresa contratada suministrará equipos y servicios por diez años, tanto para los nuevos cedulados como para los duplicados.

También deberá suministrar 300 impresoras para cédulas, 350 lectores de huellas dactilares, igual cantidad de cámaras fotográficas y capturadores de firmas digitales, todos con sus respectivos programas informáticos y materiales gastables.

Disidencia interna. La determinación de la JCE de echar a andar el cambio de carné ha generado los cuestionamientos de Eddy Olivares, miembro del organismo. También de José Ángel Aquino, tradicional aliado de Roberto Rosario en la mayoría de las iniciativas, posiciones y decisiones que asume, pero que en los últimos tiempos camina por senderos distintos.

Esto implica que el 17 de enero de 2013, cuando discutieron la propuesta de resolución para los términos de referencia para contratar los servicios del proyecto, la votación fue de tres contra dos. Roberto Rosario, César Félix Félix y Rosario Graciano dieron su visto bueno, mientras Olivares y Aquino votaron en contra, el último de ellos, con la emisión de un voto razonado o documento de justificación con respecto a su postura.

Aspectos financieros, logísticos y legales orientan las argumentaciones de Olivares y Aquino.

En lo financiero, descarta Aquino en su voto razonado, que la emisión de siete millones de cédulas vaya a salirle al Estado por RD$400 millones. Documenta que en 2007, un informe técnico de la directora financiera de la JCE, Carmen Comprés, estimaba en RD$1,300 el costo unitario del actual documento, y que de ese dato surgió la decisión de cobrar RD$500 o más a partir del segundo duplicado que solicite un ciudadano. Reconoce que las nuevas tecnologías han ayudado a reducir los costos, pero resalta que el costo proyectado promedio en América Latina es de US$12, unos RD$480.

Especifica que en El Salvador el contrato con la compañía alemana Muhbauer representó 24.9 millones de dólares, unos mil millones de pesos, para una población de 2.8 millones de personas. “Estaríamos hablando de una inversión de tres mil millones de pesos para una población ‘cedulable’ de siete millones de personas; esto, sin tomar en cuenta los cuantiosos gastos de un proceso de este tipo en publicidad, contratación de personal temporero y transporte, entre otros”.

En cuanto a la logística, los disidentes sostienen que un proyecto de esta envergadura debió contar con la anuencia y la cooperación del gobierno central y de los partidos políticos, sobre todo por su capacidad de influencia y disposición de medios para la movilización de tan alta cantidad de personas. Aquino ha advertido sobre la posibilidad de que, llegadas las elecciones de 2016, no toda la población tenga el nuevo documento y se presente la necesidad de autorizar a votar con las dos versiones, con las implicaciones de seguridad y fiabilidad en el proceso que esto contraería.

De hecho, la licitación no incluye en sus condiciones ninguna previsión relativa a la cedulación de la comunidad dominicana que vive en el exterior y que ya lleva tres elecciones presidenciales votando, y que hasta eligió, en 2012, siete representantes ante el Congreso Nacional.

Cuando habla en términos legales, Aquino sostiene que con la adjudicación del contrato la JCE infringirá las leyes de Crédito Público, de Compras y Contrataciones y de Presupuesto del Sector Público. Sostiene que el organismo estaba en la obligación de solicitar la aprobación del Ministerio de Hacienda, porque la modalidad en la que perfila el contrato, a partir de la licitación, consiste en un crédito público.

Entre otros, cita el artículo 4, literal “d”, de la Ley de Crédito Público, que incluye como tal “la ejecución de contratos de bienes, obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipule realizar en más de un ejercicio financiero posterior al que se haya efectuado del devengamiento del gasto”.

Se refiere a que la adjudicación se hará en agosto y el proyecto durará un año y medio, a partir de octubre de 2013, para la fase de dotación de la nueva cédula, pero se extenderá por diez años para servicios de renovación y actualización.

El pliego de condiciones establece: “Se consignarán las partidas correspondientes en los respectivos presupuestos anuales”. Pero Aquino recuerda que el artículo 32 de la Ley de Compras y Contrataciones estipula que “ningún procedimiento de compras o contrataciones podrá ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota de compromiso”.

Dice además que “las obligaciones que genere la adquisición de los productos y servicios objetos de esta licitación y que sean facturados durante la ejecución del contrato a intervenir, serán cubiertas de manera diferida en el plazo de 10 meses, contados a partir de la recepción”, lo que Aquino interpreta como financiamiento al Estado por parte de la entidad contratada.

Por lo tanto –sostiene en su voto razonado–, se trata de una deuda pública, porque compromete un dinero que no le ha sido adjudicado a la JCE. Un detalle que resalta en esta discusión es que la JCE no logró que el Poder Ejecutivo le asignara fondos este año para el proyecto de la nueva cédula.

En la propuesta de presupuesto que presentó al Ejecutivo para 2013 preveía RD$210 millones para completar el proceso de captación de datos biométricos y RD$500 millones para la sustitución de la cédula.

En su carta disidente, de ocho páginas, Aquino critica además que se ofrezca un contrato a diez años, lo que compromete a posteriores gestiones, debido a que los actuales miembros del organismo están designados hasta 2016.

Estas dos objeciones, antes de que se adjudique el contrato, presagian una larga discusión sobre el tema de la nueva cédula y rememora los tortuosos compromisos de la JCE con empresas como Dato Centro y Somo, para la digitalización del Registro Civil, generadores, incluso, de procesos judiciales y suspensiones de los contratos, sin haber concluido los trabajos con base en un presupuesto que desconoce, lo que un miembro de ese organismo califica como ilegal y calcula que podría llegar a los RD$3,500 millones.

Se desconoce el costo que tendrá el proceso de expedición de la nueva cédula. (Roberto Guzmán).

Se desconoce el costo que tendrá el proceso de expedición de la nueva cédula. (Roberto Guzmán).

La tecnología y los recursos marcan el ritmo

En América Central las nuevas tecnologías y la legislación de cada país van marcando el ritmo para introducir cambios al documento de identidad, aunque la mayoría tiene un plazo de diez años para la renovación del carné, a fin de incorporar las variaciones que experimenta la ciudadanía en sus datos básicos.

En El Salvador, el caso que menciona José Ángel Aquino en su voto razonado, la vigencia de la cédula es de seis años.

Guatemala sustituyó este año su cédula de vecindad, instituida en 1932,  por el nuevo Documento Personal de Identificación.

En Honduras, la vigencia de su cédula es diez años, aunque el plástico no lo especifica. En 2010, el parlamento hondureño suspendió la adjudicación de un contrato para un nuevo documento, moderno y más seguro, por falta de recursos para su implementación.

En Nicaragua hay nueva cédula desde 2010 y tiene diez años de vigencia.

En la vecina Costa Rica, la actual cédula está vigente desde 1998 e incluye medidas de seguridad, como el código de barras. El plazo de renovación para la ciudadanía es de diez años.

Panamá ha introducido cambios en su cédula de identidad y electoral en 1957, 1973, 1978, 1995, 1999, 2003 y 2010. En la actualidad, la ciudadanía debe renovar su carné cada diez años.

Mientras que en Centro América se recurre a los hologramas, códigos de barras, impresión láser y medidas similares de seguridad, en parte de Suramérica experimentan otra ola de actualizaciones.

En septiembre de este año, Chile entregará una nueva cédula de identidad, que incluye un microcircuito o chip, que puede leerse con dispositivos especiales y que contiene los datos biométricos y de información como el tipo de sangre, alergias y otros antecedentes y condiciones de salud. Con esto, el Estado busca además facilitar el comercio electrónico y la interacción de la ciudadanía con el gobierno electrónico. Los que tienen la cédula introducida en 2002 podrán seguir usándola, hasta la fecha de vencimiento que dice su carné.

 
Pistorius no tiene planes de competir a nivel internacional Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Mojica   Creado en Miércoles, 17 Abril 2013 19:42

JOHANNESBURGO, EE.UU.- El atleta sudafricano Oscar Pistorius, acusado del asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp, no tiene, por el momento, planes de competir a nivel internacional, indicó este miércoles su representante, Peet Van Zyl.

“No se está entrenando de manera oficial y no existen planes en este momento de reanudar su carrera internacional”, dijo Van Zyl en un comunicado publicado por la agencia sudafricana de noticias Sapa.

Van Zyl hizo el anuncio tras saberse hoy que Pistorius no ha sido invitado al primer aniversario de los Juegos Olímpicos de Londres, que se celebrará en la capital británica el próximo mes de julio.

“Nunca estuvo planeado que Oscar participara”, aseguró Van Zyl en referencia a los actos conmemorativos de la cita, en la que Pistorius se convirtió en el primer atleta con las dos piernas amputadas en participar en unos JJOO.

“El hecho importante es que Oscar se ha retirado de todas las competiciones internacionales en este momento”, agregó el texto.

El presidente de la Federación Británica de Atletismo (UKA, en sus siglas en inglés), Ed Warner, había anunciado también hoy que Pistorius no sería invitado a participar en el aniversario.

“No quiero ver el domingo del aniversario de los Juegos convertido en un circo mediático”, aseguró Warner a la BBC, sobre la expectación que despertaría entre la prensa la presencia del velocista acusado de asesinato.

Según Van Zyl, la decisión de la organización no ha sido una sorpresa para el entorno del atleta.

El agente del corredor indicó también que la prioridad de Pistorius sigue siendo “preparar” el juicio al que se enfrenta en Sudáfrica.

La prensa sudafricana publicó el pasado 4 de abril una foto de Pistorius vestido con ropa deportiva en una pista de atletismo de Pretoria, pero su familia negó entonces que el deportista hubiera vuelto a un “programa oficial” de entrenamientos.

El pasado 28 de marzo, la Justicia sudafricana rebajó sensiblemente las condiciones de la libertad bajo fianza del atleta, obtenida el 22 de febrero.

El juez devolvió el pasaporte al deportista, con lo que podía viajar al extranjero, y le eximió de informar dos veces por semana a la Policía de su paradero.

La próxima comparecencia judicial de Pistorius está prevista para el próximo 4 de junio.

El cuerpo de la modelo de 29 años Reeva Steenkamp apareció con varios disparos de bala el pasado 14 de febrero en el domicilio de Pretoria del deportista, de 26 años.

Pistorius, en libertad bajo fianza hasta su próxima comparecencia judicial, fue acusado formalmente del asesinato y será juzgado por un cargo que podría costarle la cadena perpetua.

El corredor asegura que disparó a su novia a través de la puerta del baño pensando que lo hacía contra un intruso que había entrado en su domicilio.

 
Economistas ven modificarán Petrocaribe por crisis en Venezuela Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Mojica   Creado en Miércoles, 17 Abril 2013 19:38

SD. El gobierno dominicano, el Banco Central y el Congreso Nacional deben estar preparados para que no haya sorpresa por la posible modificación o suspensión de Petrocaribe, dada la profunda crisis económica que afecta a Venezuela.

En los últimos siete años Petrocaribe ha financiado US$3,030 millones a la República Dominicana, y eso representa el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, este año se asignó en el presupuesto nacional dominicano unos US$650 millones provenientes de los fondos de Petrocaribe.

El artículo 9 de Petrocaribe dice que cuando el interés del gobierno de la República Boliviariana de Venezuela así lo exija, pueden cambiar a Petrocaribe y el contenido del acuerdo.

Para el economista Jaime Aristy Escuder, esa cifra financia el 15% del déficit de la cuenta corriente, representa el 38% del déficit general del gobierno, el 27% del financiamiento externo total y el 62% del subsidio eléctrico, por lo que considera que la ausencia de Petrocaribe sería un golpe muy duro para la economía dominicana, tras señalar que la crisis en Venezuela luce complicada.

Sin embargo, "nadie imagina que Petrocaribe desaparecerá en el corto plazo, porque si sucediera, el impacto económico y político sería terrible para el país, y afectaría el mercado cambiario y las políticas económicas y sociales", entiende el economista Bernardo Fuentes.

La deuda bilateral del país con Venezuela asciende a US$3,137.6 millones, lo que representa un 24.3% del total de la deuda bilateral. Sólo con Petrocaribe, la deuda de la República Dominicana con ese país asciende al 31 de enero de este año a US$3,081.4 millones, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda.

La deuda con Venezuela, a través del acuerdo Petrocaribe es pagadera a 25 años y a un interés de un 1%. República Dominicana adquiere por vía de ese acuerdo, que beneficia a 18 países de la región, 50,000 barriles diarios de petróleo, que hasta el momento ha pagado en efectivo y con el suministro de productos alimenticios, entre ellos habichuelas negras, azúcar, y se espera retribuir también con productos de zonas francas y programas de intercambio turístico.

Petrocaribe es una alianza entre algunos países del Caribe con Venezuela y la iniciativa consiste en que los países caribeños compren el petróleo venezolano en condiciones de pago preferencial, con plazo de 25 años.

 
Michael Jordan, en Casa de Campo Imprimir Correo electrónico
Escrito por Francisco Mojica   Creado en Miércoles, 17 Abril 2013 19:33

SD. El ex astro de la NBA, Michael Jordan, se encuentra en Casa de Campo, en La Romana, en donde participa de la despedida de soltero de su ex compañero de la NBA,  Charles Barkley.

 


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